Los otros cuatro ex administradores alcanzados son Javier Iud, de San Antonio; Gilberto Montanaro, de Cervantes, Carlos Pilotti, de Río Colorado y Juan Reggiani de Fernández Oro. Las audiencias de imputaciones se cumplirán en las próximas dos semanas, distribuidas en las cuatro jurisdicciones.

Este martes 3 de agosto se abrirá en los tribunales de Roca, los expedientes de los planes de Cervantes, Godoy, Choele Choel y Río Colorado y continuará el miércoles 4 en Viedma con sus similares de San Antonio, Sierra Grande y Conesa. Seguirán después, el lunes 9, en Bariloche y, luego, el martes 10, en Cipolletti, con las denuncias de Campo Grande y de Fernández Oro.

La causa

La megacausa de Techo Digno se dio por la transferencia de fondos a distintos municipios para la construcción de viviendas, donde nunca fueron utilizados para dicho fin y ese dinero desapareció en la mayoría de los casos. De esta manera, la investigación avanzo y ahora serán los ex intendentes y funcionarios de los gobiernos municipales, donde la gran mayoría son del peronismo, la cual tendrán que dar testimonios de lo que hicieron con esos fondos destinados para un fin especifico.

Recientemente, algunos ex jefes comunales afirmaron que ellos no firmaron esas documentaciones, a pesar de que se trataban de los planes administrados por sus gobiernos, pero no precisaron quién o quiénes eran los responsables de esa falsedad documental. Esta megacausa judicial por el manejo de fondos estatales llegará -inicialmente- a diez funcionarios y once empresarios.

Como fue la maniobra ilícita

Los municipios firman convenios con Nación para planes de viviendas, donde se le enviaron fondos a las administraciones locales, con transferencias según el avance de la construcción. Por lo que entonces decenas de empresas construyen y autoridades locales informan a Nación del nivel de ejecución para los nuevos envíos.

En 2015, las transferencias se suspenden y los planes se paralizan. En el 2016, se incluye a la provincia (IPPV) para su continuidad y se denuncia que lo informado por los municipios es mayor a lo ejecutado realmente por las empresas. Cobraron más de lo realizado. Entonces, La fiscalía investigó y confirmó esa situación. Pidió audiencia para imputar a los intendentes y constructoras firmantes.Los defensores explican que las diferencias responden al desfasaje por la inflación, pero son millones de pesos de transferencias que no se ejecutaron y ese dinero se esfumo.

Es de esta manera, que desde este martes Maria Eugenia Martini como otros ex jefes comunales, tendrán que dar testimonios y justificar a donde fueron a parar esos fondos. Se prevé una larga maratón judicial respecto al caso.

Son casi 700 millones de pesos lo que destino Nación para la construcción de viviendas que al tipo de cambio en ese entonces eran 80 millones de dólares, hoy unos 14 mil millones de pesos.