Según trascendidos, el primer eje de este entramado estaría en el sistema privado de salud. Clínicas y centros médicos provinciales habrían ganado terreno en derivaciones y convenios con el Estado, con la particularidad de que los administradores o socios visibles serían personas que mantienen relación cercana con el entorno político del gobernador. No se trataría, según estas versiones, de participación directa, sino de intermediación a través de gestores y representantes.

En simultáneo, se menciona la presencia de una financiera que otorga préstamos a empleados públicos, cuyo crecimiento habría coincidido con momentos de mayor tensión salarial. Se señala que esta entidad tendría vínculos informales con funcionarios y allegados a la conducción provincial. La lógica sugerida es conocida: el Estado paga sueldos, y otra estructura privada financia los adelantos.

Dentro del rubro obra pública, aparece otro punto de observación. Diversas empresas constructoras habrían obtenido adjudicaciones reiteradas en licitaciones provinciales y municipales.

Se comenta que detrás de algunas de estas compañías habría “representantes de confianza” o personas que operan como presuntos prestanombres, lo que permitiría mantener los contratos lejos de la exposición directa.

Pero el sector que más comentarios genera es el hotelero, especialmente en Cipolletti. Allí, se indica que determinados hoteles recibirían con frecuencia a empleados públicos que viajan por comisiones, cursos o traslados administrativos.

El señalamiento que se repite en ámbitos estatales es que esos establecimientos tendrían relación indirecta con figuras próximas al gobernador. La sospecha se resume en una frase que circula hace tiempo:

“El negocio no es solo tener el hotel, sino que el Estado lleve la gente.”

De acuerdo a estas versiones, la posible estructura sería simple y eficiente:
Lo público deriva: salud, viajes, contrataciones, licitaciones.
Lo privado factura: clínicas, hoteles, financieras, constructoras.

Los nombres visibles son terceros: empresarios vinculados, allegados históricos, sociedades administradas por representantes.

En algunas conversaciones políticas se menciona incluso que habría activos hoteleros y sanitarios gestionados a través de terceras personas, lo que en lenguaje informal se describe como “presuntos testaferros”. Nada de esto está comprobado en sede judicial, pero la versión se sostiene y se repite.

Hasta el momento, no hay investigaciones abiertas ni pedidos de informes oficiales. Sin embargo, el tema comenzó a instalarse en el debate público provincial, sobre todo en sectores que observan cómo las mismas estructuras aparecen una y otra vez en derivaciones, contrataciones y viajes institucionales.

En la política de Río Negro, nadie responde abiertamente a estas versiones, pero, tampoco, nadie las desmiente.