Según el expediente denominado “Cateo Collín” (50138-M-25) habría sido tramitado sin publicación en el Boletín Oficial, lo que despierta serias dudas sobre la transparencia del procedimiento. La concesión abarca unas 10 mil hectáreas en una región clave por su riqueza hídrica y biodiversidad.

Un área protegida en riesgo

El Cerro Carreras forma parte de una ecorregión dominada por bosques nativos y sistemas hídricos fundamentales. Allí nacen ríos que alimentan tanto la vertiente atlántica como la pacífica, incluyendo el río Chubut, vital para múltiples localidades.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares, la zona contiene cientos de cuerpos de hielo, varios de ellos dentro del área potencialmente afectada por los cateos mineros. Esto pone en tensión la aplicación de la Ley 26.639 de protección de glaciares, en momentos en que se discuten posibles modificaciones a nivel nacional.

Empresas bajo sospecha

La concesión habría sido otorgada a Tamar Mining, vinculada a un entramado de firmas que operan bajo el paraguas de Meridion del Plata, un holding que -según la investigación- no cuenta con inscripción formal en Argentina.

Tamar actúa en conjunto con Rexys SA, compartiendo directivos y estructura societaria. Ambas empresas están ligadas a capitales internacionales, principalmente canadienses e israelíes, y han desarrollado actividades mineras en distintas provincias del país.

Además, Tamar participó en trabajos vinculados a la empresa estatal israelí Mekorot, contratada previamente por el gobierno rionegrino para estudios hídricos, lo que refuerza los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Conflictos territoriales y denuncias

El área del Cerro Carreras también es escenario de disputas territoriales con comunidades mapuches, como la lof Cayunao y la lof Kom Kiñé Mu, que denuncian presiones y hostigamientos vinculados al avance de intereses privados sobre tierras que consideran ancestrales. A esto se suma la presencia de capitales extranjeros, incluidos inversores de Emiratos Árabes Unidos, que habrían intentado avanzar mediante estructuras societarias complejas.

Falta de transparencia y tensión política

La falta de publicación oficial del permiso y la opacidad del proceso generan fuertes críticas hacia la gestión de Alberto Weretilneck, en un contexto donde el gobierno nacional encabezado por Javier Milei impulsa una agenda favorable a la expansión de actividades extractivas.

Mientras tanto, organizaciones ambientales y sociales advierten sobre el riesgo de avanzar sobre zonas protegidas sin controles adecuados, y anticipan una creciente conflictividad ante posibles cambios en la legislación de glaciares.