La demanda fue impulsada por el Estudio Jurídico Santos Arizcuren, con sede en Viedma, y se vincula a un contrato firmado el 23 de septiembre de 2020 para la adquisición de un lote de 465,80 metros cuadrados. El precio acordado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y el financiamiento del saldo en 120 cuotas mensuales.

Según consta en el expediente, el comprador cumplió de manera sostenida con sus obligaciones y llegó a pagar 3.269.800 pesos, monto respaldado por comprobantes incorporados a la causa. Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos al momento de la firma del contrato.

El escrito judicial detalla que Villaverde se comprometió a realizar obras esenciales para la habitabilidad y la posterior escrituración, entre ellas apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Esas tareas debían ejecutarse en un plazo máximo de 10 meses, con una posible prórroga de seis meses por fuerza mayor, plazos que se encuentran ampliamente vencidos.

Los abogados sostienen que no se avanzó ni con las obras prometidas ni con ningún proceso de escrituración, y que el terreno continúa sin servicios básicos ni condiciones urbanísticas mínimas, lo que impide su uso, construcción o transferencia.

Ante ese escenario, y en un contexto de múltiples reclamos vinculados al loteo Tajamar, el comprador notificó mediante carta documento enviada el 8 de octubre de 2025 su decisión de retener los pagos y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

La demanda también advierte que el emprendimiento carece de aprobación formal de la Municipalidad de San Antonio Oeste, ya que no existiría autorización conforme a la ordenanza vigente, ni inscripción catastral, ni trazado urbano aprobado, ni apertura formal de calles, requisitos indispensables para la factibilidad de servicios y la posterior escrituración.

En ese punto, los denunciantes sostienen que la demandada conocía estas irregularidades y las omitió al momento de contratar, dejando al comprador frente a un bien jurídicamente inutilizable. Esa situación refuerza el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y aplicación de daños punitivos.

La nueva acción judicial se suma a otros expedientes en trámite contra Villaverde. En uno de ellos, la Unidad Jurisdiccional Civil número 3 de Bariloche, a cargo del juez Santiago Morán, ordenó un embargo preventivo sobre el sueldo que la legisladora percibe como diputada nacional. La medida alcanza 40,5 millones de pesos, de los cuales 27 millones corresponden al capital reclamado y 13,5 millones a intereses y costas.

El fallo consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, y dispuso que el embargo se aplique directamente sobre las remuneraciones y el aguinaldo que Villaverde cobra en la Cámara de Diputados de la Nación. Las distintas causas y medidas cautelares refuerzan la existencia de un patrón de conflictos recurrentes vinculados al mismo emprendimiento inmobiliario.