Judiciales y Policiales
La libertad de expresión no avanza

VIDEO | La narcodiputada libertaria, Lorena Villaverde, amenazó al periodista Nicolás Wiñazki

La legisladora y candidata a senadora le envió mensajes de texto en tono de apriete a Wiñazki, quien reveló documentos comprometedores de su pasado, minutos antes de que empiece su programa. (Dibujo: NOVA)

La diputada y candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, atraviesa una crisis política y judicial que pone en jaque su carrera y a su espacio político, La Libertad Avanza (LLA). En un flagrante ataque a la libertad de expresión, Villaverde habría amenazado al periodista Nicolás Wiñazki a través de mensajes de texto luego de que este revelara información sobre su pasado judicial en Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos que el propio Wiñazki anunció mostrar al aire, Villaverde estuvo detenida en el aeropuerto de Sarasota, Florida, por transporte de drogas, y se le prohibió la entrada al país norteamericano. A pesar de sus intentos por negar los cargos, las actas de detención y condena muestran lo contrario, generando un nuevo golpe a la credibilidad de LLA tras el caso de José Luis Espert.

La legisladora también aparece implicada en causas por estafas piramidales y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del narcotraficante Federico “Fred” Machado y señalado como su testaferro. Estos antecedentes complejos, sumados a las amenazas contra Wiñazki, generan dudas sobre la idoneidad de Villaverde para ocupar cargos de representación pública.

En el plano político, Facundo Manes anunció que pedirá la expulsión de Villaverde de la Cámara de Diputados, mientras que desde el Gobierno se analiza la posibilidad de suspender su candidatura a pocos días de las elecciones. La situación de Villaverde refleja no solo los riesgos de la falta de control sobre antecedentes de candidatos, sino también la creciente tensión y desconfianza que genera la presencia de figuras con historial judicial conflictivo en la política argentina.

Este episodio pone en evidencia cómo la combinación de antecedentes penales, vínculos cuestionables y conductas amenazantes puede comprometer seriamente la legitimidad de un partido político y la confianza ciudadana en quienes buscan representarles.

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