El concejal Leandro Costa Brutten presentó un pedido formal de nulidad y acusó al gobierno de Walter Cortés de avanzar con un “impuestazo ilegal” para intentar cubrir el deterioro financiero de la gestión. Además, advirtió que, si el Municipio no retrocede, impulsará acciones judiciales, denuncias ante el Tribunal de Contralor y una posible demanda colectiva de contribuyentes afectados.

La polémica dejó expuesto el delicado momento político y económico que atraviesa la administración municipal. En distintos sectores de Bariloche ya hablan de una gestión desesperada por recaudar, con dificultades para ordenar las cuentas públicas y cada vez más cuestionada por el aumento constante de tasas y cargos sobre vecinos y comerciantes.

El conflicto también reavivó las críticas contra el manejo económico de Walter Cortés, señalado por impulsar obras sin financiamiento claro y ahora intentar compensar el déficit con nuevos cobros sobre la ciudadanía. Mientras crece el malestar en la ciudad, el intendente suma otro frente de conflicto que amenaza con profundizar el desgaste político de su gestión.

Dentro del propio escenario político barilochense comienzan a reconocer que el gobierno municipal atraviesa uno de sus momentos más sensibles desde el inicio de la gestión. La falta de respaldo legislativo para aprobar la Fiscal y Tarifaria 2026 dejó al Ejecutivo en una situación de debilidad que ahora intenta resolver mediante mecanismos cuestionados incluso por especialistas en derecho administrativo.

En paralelo, vecinos y comerciantes comenzaron a manifestar preocupación por el impacto acumulativo de tasas y cargos municipales en un contexto económico ya golpeado por la inflación y la caída del consumo. El nuevo episodio alimentó la sensación de desorden dentro del Municipio y volvió a instalar dudas sobre la capacidad de Walter Cortés para administrar las finanzas de Bariloche sin trasladar permanentemente el costo a los contribuyentes.