La medida de fuerza, que se extenderá por 48 horas, fue impulsada tras el rechazo gremial a la oferta oficial: un 1 por ciento de aumento en junio, julio y agosto, acompañado por sumas no remunerativas. Para UNTER, se trata de una propuesta "inadmisible" en un contexto de alta inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo.

“Un 1 por ciento mensual no resiste ningún análisis. Fuimos a la paritaria a buscar una mejora real, pero el gobierno no tiene voluntad de diálogo”, afirmó Silvana Inostroza, secretaria general del sindicato. También denunció que la relación con el Ministerio de Educación está completamente cortada desde el pasado viernes.

Inostroza señaló que el Ejecutivo provincial ha intensificado la presión sobre los docentes con medidas coercitivas, como la reactivación del sistema de control de asistencia en línea -una herramienta cuestionada por el gremio- y la aplicación de descuentos salariales para quienes adhieran al paro. “El Ministerio se dedica a acorralarnos por todos lados”, expresó.

La respuesta oficial, sin embargo, fue desestimar la magnitud de la huelga. Desde el gobierno indicaron que el 52 por ciento del personal docente asistió a sus puestos, en un intento por mostrar normalidad en las escuelas y sostener el relato del “derecho a la educación garantizado”.

En esa línea, el Ministerio de Educación volvió a instar a los docentes a reportar su presencia mediante la plataforma oficial, e insistió en que se descontarán los días no trabajados.

El trasfondo político tampoco estuvo ausente. El ministro de Gobierno, Fabián Gatti, había tildado la medida de fuerza como “totalmente injustificada” y atribuyó su origen a “intereses políticos externos”. Desde UnTER lo desmintieron rotundamente: “La decisión fue votada en nuestro congreso, y tiene como único motivo la defensa del salario docente”.