El escenario recuerda cada vez más a las tensiones que atraviesan otras provincias patagónicas. La diferencia es que en Río Negro el conflicto adquirió un tono mucho más político.

La nueva conducción de UnTER, alineada con sectores de izquierda dura, desplazó a espacios históricamente dialoguistas y empujó al sindicato hacia una estrategia de confrontación directa con el Ejecutivo provincial y con el gobierno nacional de Javier Milei.

En la gobernación admiten que el panorama era previsible. Funcionarios provinciales reconocen que el 2026 se presentaba como un año extremadamente complejo debido a la combinación explosiva entre caída de transferencias nacionales, menor actividad económica y presión salarial de los estatales.

Con menos recursos y más demandas, las provincias quedaron obligadas a concentrar casi todos sus esfuerzos en sostener salarios y servicios básicos.

Desde el oficialismo rionegrino sostienen que la provincia mantiene uno de los mejores salarios docentes del país. Weretilneck asegura que los incrementos acumulados desde diciembre de 2023 lograron acompañar e incluso superar la inflación.

Además, remarcan que Río Negro continúa pagando con fondos propios conceptos que antes financiaba Nación, como el Fonid, luego del retiro del Estado nacional del esquema de asistencia educativa.

Pero para UnTER la realidad es completamente distinta. El sindicato reclama una recomposición salarial urgente, exige que el salario mínimo docente alcance los dos millones de pesos y pide mantener una actualización automática por inflación con un adicional que contemple el costo de vida patagónico.

A eso se suman denuncias por problemas de infraestructura escolar, auditorías médicas privadas y falta de convocatoria a nuevas mesas de negociación.

La tensión explotó definitivamente con los paros y los cortes realizados sobre los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén.

Allí intervino Gendarmería en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Desde el gremio acusaron al gobierno provincial de criminalizar la protesta y alinearse con la estrategia represiva de la Casa Rosada.

La administración provincial intenta sostener una postura de firmeza sin romper completamente los canales de diálogo. La ministra de Educación, Patricia Campos, defendió la política salarial y aseguró que la mayoría de los docentes continuó asistiendo a las aulas durante las medidas de fuerza.

El mensaje oficial busca instalar que el conflicto tiene un fuerte componente político y que la conducción gremial apuesta a profundizar el desgaste del gobierno.

Sin embargo, el problema no es exclusivo de Río Negro. En toda la Patagonia se multiplican los conflictos estatales.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres también enfrenta fuertes presiones sindicales, mientras que en Santa Cruz persisten medidas de fuerza similares.

El patrón se repite: provincias que buscan mostrar orden fiscal y gremios que consideran insuficiente cualquier acuerdo atado únicamente a la inflación.

El problema para los gobernadores es delicado. Necesitan sostener equilibrio financiero en línea con el clima político nacional, pero al mismo tiempo deben evitar que el deterioro salarial derive en conflictos prolongados en sectores sensibles como educación y salud.

En distritos donde el empleo estatal mueve buena parte de la economía, cualquier tensión gremial rápidamente se transforma en un problema político de magnitud.

En Río Negro, además, el conflicto empieza a proyectarse sobre el escenario electoral rumbo a 2027. Weretilneck intenta conservar un perfil moderado y dialoguista, aunque el endurecimiento de UnTER lo empuja hacia una polarización cada vez más fuerte.

Del otro lado, el gremio apuesta a consolidar un perfil combativo y nacionalizar la pelea contra el ajuste.

Mientras tanto, la paritaria continúa empantanada y la provincia queda atrapada en una disputa que amenaza con convertirse en el principal dolor de cabeza político del oficialismo rionegrino.