Según los datos oficiales, ocho de cada diez agentes sometidos a sumarios terminaron con algún tipo de sanción. En total, se firmaron 614 medidas disciplinarias: 502 suspensiones sin goce de haberes, 105 cesantías y 7 exoneraciones.

A eso se suman 145 expedientes que concluyeron con apercibimientos o sobreseimientos.

Las suspensiones, que alcanzaron hasta 30 días, estuvieron vinculadas principalmente a inasistencias injustificadas, llegadas tarde reiteradas y conflictos en los lugares de trabajo.

En cambio, las sanciones más severas respondieron a faltas consideradas graves, como abandono prolongado del servicio, negligencia en el desempeño de funciones, maltrato a ciudadanos, pacientes o compañeros, además de condenas penales firmes.

El informe también revela que otros 247 expedientes fueron archivados por prescripción o falta de mérito. De esta manera, el movimiento total de actuaciones disciplinarias durante el período llegó a 995 trámites.

La Junta de Disciplina, integrada por representantes gubernamentales y gremiales de ATE y UPCN, celebró 52 reuniones para analizar los casos. El organismo es presidido por la subsecretaria Antonela Mestre.

En paralelo, el gobierno de Alberto Weretilneck impulsó un mayor control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la administración pública. Desde la Función Pública, encabezada por Tania Lastra, se promovieron instancias de fiscalización y coordinación con las áreas de Recursos Humanos de los distintos organismos provinciales.

Lastra sostuvo que los procedimientos garantizan “transparencia y legalidad” y remarcó que las sanciones no son automáticas, ya que cada expediente contempla investigación, intervención de instructores y derecho a defensa.

También afirmó que los tiempos de resolución se redujeron y que actualmente los procesos demandan entre dos y seis meses, según la complejidad de cada caso.