El denominador común: todos aparecen ligados a la provincia de Río Negro, y más específicamente, a un esquema de relaciones que orbitan alrededor del poder político que conduce Weretilneck.

Cicarelli, hasta hace unos años empleado público y profesor de básquet, se transformó de la noche a la mañana en un empresario minero con permisos de explotación de arenas silíceas en el Cuy y grandes dimensiones fiscales provinciales, un negocio multimillonario ligado al fracking de Vaca Muerta. Lo curioso —y lo que levanta sospechas— es cómo alguien sin experiencia técnica logró en tan poco tiempo acceso a licencias estratégicas en una provincia donde el control ambiental y los trámites suelen ser lentos y burocráticos.

Detrás de ese salto empresarial aparecen nombres repetidos: funcionarios, intendentes y empresarios vinculados entre sí, donde figuran Javier Lud, actual presidente de Aguas Rionegrinas, y el intendente Adrián Casadei, ambos con relación directa a negocios con Lorena Villaverde hace unos años atras en la zona de San Antonio Oeste. La trama, según coinciden voces políticas y periodísticas, muestra una puerta giratoria entre el Estado y los intereses privados, con beneficios que se reparten entre amigos del poder.

Mientras tanto, la diputada libertaria Lorena Villaverde —cuyo pasado judicial en Estados Unidos por transporte de 15 kilos de cocaína volvió a quedar expuesto— aparece como un puente entre los sectores económicos del círculo de Cicarelli y espacios políticos nacionales que hoy gozan de cercanía con el oficialismo provincial. La imagen de Villaverde junto a dirigentes locales y referentes de La Libertad Avanza encendió nuevas alarmas sobre la profundidad de las conexiones.

En el medio, Weretilneck intenta despegarse. El gobernador aseguró públicamente que solo se reunió con Fred Machado “hace ocho o nueve años”, pero su discurso no logró disipar las sospechas.

En Río Negro, el clima político se enrareció: las denuncias cruzadas, los silencios del gabinete y las versiones sobre permisos otorgados “por amistad o parentesco” alimentan la idea de que el poder provincial se encuentra profundamente entongado con negocios turbios.

El caso tomó fuerza luego de que el periodista Luciano Barroso denunciara presiones y despido tras haber entrevistado a Machado, marcando el inicio de una serie de maniobras que, según fuentes internas, buscaron apagar el tema dentro de los medios oficiales.

Hoy, la pregunta que sobrevuela la política rionegrina no es solo si Weretilneck conocía la magnitud de los vínculos entre su entorno y los empresarios, sino qué tanto el Estado fue cómplice —por acción u omisión— en el avance de este entramado. En una provincia donde los recursos naturales son el corazón de la economía, la línea entre desarrollo y corrupción parece cada vez más difusa.

Las arenas silíceas, el nuevo oro blanco del sur, concentran millones y despiertan ambiciones. Y es allí donde, según los indicios que recogen distintos medios, confluyen la avidez empresarial, la política complaciente y los viejos métodos de poder. Un cóctel que hoy amenaza con estallar en el rostro de un gobernador que, por más que intente despegarse, ya quedó salpicado por una historia que combina negocios, narcotráfico y silencio institucional.

Río Negro asiste así a un momento de inflexión: un espejo incómodo donde se reflejan los límites de la ética pública y las sombras de una red que, entre canteras, permisos y vínculos prohibidos, podría redefinir la estructura del poder provincial.