La oferta incluyó un bono por única vez de 40.000 a pagarse el 27 de junio, y sumas escalonadas según antigüedad para los meses de julio y agosto. Sin embargo, los montos ofrecidos no impactan en el salario básico, lo que fue duramente criticado por sectores docentes que reclaman aumentos estructurales y no paliativos de corto plazo.

Más allá de lo salarial, el Gobierno provincial endureció su postura. La ministra Patricia Campos exigió al gremio el levantamiento “inmediato” del paro y condicionó el cobro de la propuesta salarial a su aceptación. Además, confirmó que quienes se adhieran a la huelga verán descontados los días correspondientes en sus salarios de junio, en una clara advertencia que busca desarticular la medida de fuerza.

“El diálogo no puede basarse en amenazas ni en chantajes salariales”, expresaron fuentes gremiales tras la reunión, señalando que el Gobierno intenta disciplinar al sector docente a través de mecanismos coercitivos, en lugar de abrir un verdadero espacio de negociación.

Desde UNTER también denunciaron que la propuesta fue presentada sin voluntad de mejora y que los descuentos buscan desalentar la participación sindical en pleno proceso electoral del gremio.

El contexto también es llamativo: el paro previsto abarca martes y miércoles de una semana atípica, con feriados lunes y viernes, lo que parece haber disparado una reacción desproporcionada del Ejecutivo.

En lugar de analizar el reclamo docente en su profundidad -condiciones de trabajo, infraestructura y pérdida de poder adquisitivo-, el Gobierno opta por la confrontación y por instalar en la opinión pública la idea de una dirigencia “irresponsable” que actúa en función de sus intereses internos.