Las llamas en los calabozos y las fugas son el reflejo de una crisis que las autoridades prefieren minimizar mientras los presos viven en condiciones inhumanas y la seguridad se resquebraja.

Mientras los detenidos prenden fuego a sus precarias celdas como única forma de visibilizar su situación, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, insiste en que "no se trata de una crisis, sino de una situación que hay que atender".

Esta postura negacionista contrasta brutalmente con la realidad que viven a diario cientos de personas privadas de libertad en comisarías no preparadas para alojarlas.

La jueza Sandra Ragusa ya había advertido con claridad que "las unidades de orden público no resultan idóneas para alojar condenados" y que el personal policial "no está capacitado para custodiar personas privadas de libertad".

Sin embargo, estas advertencias judiciales parecen caer en el vacío de una administración provincial que prefiere la improvisación al planeamiento.

Los episodios de este domingo se inscriben en una serie de situaciones críticas que evidencian el abandono estatal: en junio, internos de la comisaría Segunda denunciaron falta de calefacción, ventilación e higiene básica.

La respuesta fue trasladar el problema, no solucionarlo. La semana pasada, la jueza Ragusa prohibió el ingreso de condenados a la comisaría 42 por las "pésimas condiciones de detención".

Ahora, mientras unos prenden fuego sus celdas, otros directamente se fugan de establecimientos que no pueden garantizar ni la contención ni la seguridad.

El patrón es siempre el mismo: se acumulan las denuncias, interviene la Justicia, se dictan medidas paliativas y el gobierno provincial permanece inerte ante una crisis que requiere inversión, planificación y voluntad política real.

Detrás de cada hábeas corpus, cada fallo judicial y cada protesta violenta hay personas que viven en condiciones que vulneran derechos humanos básicos.

El hacinamiento, la falta de atención sanitaria, las condiciones edilicias deplorables y la ausencia de programas de reinserción convierten a las comisarías rionegrinas en depósitos humanos que generan más violencia y desesperación.

La improvisación como política penitenciaria no solo viola los derechos de los detenidos: compromete la seguridad pública cuando los sistemas de contención fallan.

Los operativos de búsqueda como el desplegado tras la fuga de los dos detenidos son el costo que paga toda la sociedad por un sistema que no funciona.

Mientras el gobierno provincial siga negando la crisis y posponiendo soluciones estructurales, los incendios y las fugas seguirán siendo las únicas respuestas de un sistema penitenciario en estado terminal.