Política
Salud

Aseguran que el decreto que desregula las obras sociales no tiene efecto en la provincia

Afirman que la Nación, "no tiene facultades para intervenir en el funcionamiento y la obligatoriedad que establece la ley provincial".

La presidenta del Instituto Provincial del Seguro de la Salud (IPROSS), Marcela Ávila, afirmó que el decreto que desregula, a partir del 1 de marzo, las obras sociales del país "no tiene efecto" en la provincia.

El IPROSS es una entidad autárquica que está regida por la Ley 2753 provincial y, con motivo de su independencia, "no está sujeta a la intervención del Poder Ejecutivo Nacional", afirmó la funcionaria.

La Nación, entonces, "no tiene facultades para intervenir en el funcionamiento y la obligatoriedad que establece nuestra ley para que todos los empleados públicos provinciales y municipales cuenten con nuestra obra social", dijo Ávila.

Y agregó: "Ese decreto no implica que los afiliados de nuestra obra social puedan optar por otra obra social y tampoco que afiliados de otras obras sociales puedan tener la obra social Ipross, porque sigue vigente nuestra propia normativa provincial. Solo una ley provincial puede modificarla", destacó.

Por su autonomía la obra social provincial continúa operando con total independencia y sin alteraciones en su funcionamiento

Por ese motivo, indicó que la autonomía la obra social provincial continúa operando con total independencia y sin alteraciones en su funcionamiento.

En ese marco, IPROSS depositó esta semana alrededor de 132 millones de pesos en concepto de reintegros a los afiliados y canceló la deuda acumulada hasta diciembre de 2023 por más de 13.000 prestaciones.

Asimismo, la obra social rionegrina "está cumpliendo los pasos administrativos para liquidar las del primer mes del presente año", aclaró.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para que, a partir del 1 de marzo próximo, los trabajadores puedan elegir su sistema de salud.

La medida fue cuestionada por el sindicalismo, que advirtió que esta decisión podrían perjudicar a los usuarios y al Estado, porque significaría "sobrecargar el sistema público" frente a eventuales incumplimientos del sector privado.

Con los cambios introducidos, los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas, ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo y podrán hacerlo "sin ningún tipo de intermediación", "una vez al año" y "en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral", según se informó oficialmente.

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