La empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA), concesionaria del complejo, posee una prórroga contractual vigente hasta octubre de 2056. Esa extensión fue otorgada en 2018 y constituye el punto de partida de una controversia que nunca terminó de apagarse en la ciudad.

Según la documentación oficial y los proyectos actualmente en análisis, el denominado Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental contempla la urbanización de 79 hectáreas dentro del área del Cerro Catedral. La iniciativa incluye residencias permanentes, viviendas temporarias, infraestructura turística y un hotel de alta gama ubicado a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Para los defensores del proyecto se trata de una oportunidad histórica para modernizar el centro invernal y atraer inversiones privadas. Sin embargo, para amplios sectores de la oposición y organizaciones locales, el negocio principal ya no estaría en la nieve sino en el ladrillo.

La sospecha política se profundizó cuando el intendente Walter Cortés impulsó la reactivación del plan urbanístico y se mostró públicamente a favor de avanzar con los parámetros necesarios para habilitar futuros desarrollos inmobiliarios en el área concesionada.

El conflicto escaló aún más cuando el Concejo Deliberante aprobó la creación de una comisión especial investigadora destinada a analizar la concesión del Cerro Catedral, los compromisos asumidos por CAPSA y diversos aspectos económicos y societarios relacionados con el contrato. La iniciativa fue promovida por sectores opositores que reclamaban mayores niveles de transparencia.

Pero la investigación nunca llegó a comenzar. Cortés vetó completamente la ordenanza y posteriormente logró que el Concejo ratificara esa decisión. De esa manera quedó bloqueada la conformación del organismo que pretendía revisar el vínculo entre el municipio y la concesionaria.

La explicación oficial sostiene que la comisión generaba superposición de funciones con el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral (EAMCEC), además de presentar problemas administrativos y presupuestarios. Sin embargo, desde la oposición interpretaron el veto como una maniobra destinada a evitar una auditoría política sobre uno de los contratos más importantes de la ciudad.

El principal impulsor de las denuncias ha sido el concejal Leandro Costa Brutten, quien sostiene que detrás del proyecto existe una transferencia indirecta de beneficios económicos a favor de la empresa concesionaria. Durante el debate legislativo incluso afirmó que existe un intento de avanzar sobre tierras públicas mediante mecanismos urbanísticos que terminarían favoreciendo a CAPSA.

En ese contexto apareció otro dato que encendió alarmas dentro de Bariloche. El plan urbanístico contempla la posibilidad de crear un nuevo núcleo urbano con capacidad para miles de habitantes y visitantes. Los críticos advierten que semejante expansión requiere estudios ambientales, energéticos y de servicios públicos mucho más profundos de los conocidos hasta ahora.

Las objeciones también alcanzan cuestiones vinculadas al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y tratamiento de efluentes. Diversos especialistas han señalado que la infraestructura actual de Villa Catedral presenta limitaciones importantes y que cualquier crecimiento de gran escala demandaría inversiones multimillonarias para evitar impactos ambientales severos.

La otra gran pregunta apunta a quiénes están detrás del negocio. Históricamente CAPSA ha sido vinculada al grupo empresario encabezado por la familia Trappa, uno de los actores económicos más influyentes de la Patagonia en actividades relacionadas con turismo, transporte y servicios. El control del principal centro de esquí del país convierte a la compañía en un jugador estratégico dentro del mercado turístico nacional.

Mientras tanto, la sociedad barilochense continúa dividida. De un lado están quienes sostienen que el desarrollo inmobiliario permitirá atraer inversiones, generar empleo y posicionar a Catedral frente a los grandes centros internacionales de esquí. Del otro, quienes consideran que se está utilizando patrimonio público para habilitar un negocio privado de enorme rentabilidad.

Lo cierto es que cada nueva decisión política parece reforzar la percepción de que el verdadero tesoro económico del Cerro Catedral no está en los medios de elevación ni en la venta de pases, sino en las tierras que rodean la montaña. Y en ese escenario, la cercanía política entre el gobierno de Walter Cortés y los intereses vinculados a CAPSA se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda pública de Bariloche.

Con una concesión extendida hasta 2056, un proyecto inmobiliario de casi 80 hectáreas en marcha y una comisión investigadora que fue frenada antes de comenzar a trabajar, la discusión está lejos de cerrarse.