La iniciativa, aprobada días atrás por el Concejo Municipal, buscaba abrir una instancia de participación ciudadana para discutir cambios profundos en el funcionamiento institucional de Bariloche.

Sin embargo, Cortés decidió bajarle el pulgar de manera tajante mediante una resolución firmada este miércoles, utilizando argumentos jurídicos, administrativos y presupuestarios que desde distintos sectores calificaron como “una excusa para bloquear el debate democrático”.

En los pasillos del poder local ya lo apodan “el Capitán Veto”. No es casualidad. El intendente viene acumulando enfrentamientos con concejales, organizaciones sociales y sectores políticos que cuestionan su manera de conducir el municipio.

Para muchos, el veto a la Ordenanza Nro. 3594-CM-26 es una nueva demostración de un modelo de gobierno donde cualquier iniciativa que escape al control absoluto del Ejecutivo termina siendo neutralizada.

Uno de los puntos que más molestó al jefe comunal fue la composición de la comisión impulsada por el Concejo. Según la resolución oficial, la representación prevista generaba una “desproporción manifiesta” porque incluía a todos los concejales y solo dos representantes del Ejecutivo.

Pero detrás de esa explicación técnica, en el ambiente político interpretan otra cosa: Cortés no tolera espacios donde no pueda manejar la lapicera.

El veto también apuntó contra la participación de organizaciones de la sociedad civil. La ordenanza planteaba incorporar actores comunitarios, instituciones y sectores sociales al debate sobre la reforma de la Carta Orgánica, pero el Ejecutivo cuestionó que no existieran criterios “objetivos” para definir quiénes integrarían ese espacio. En otras palabras, el municipio prefirió cerrar la puerta antes que abrir el juego a voces independientes.

Como si fuera poco, el intendente utilizó el argumento económico para justificar el rechazo. El Ejecutivo sostuvo que la creación de la comisión implicaba gastos sin respaldo presupuestario porque todavía no fue aprobada la Fiscal y Tarifaria 2026.

Sin embargo, desde la oposición consideran que el problema real no es financiero, sino político: Cortés busca evitar cualquier discusión que pueda limitar el poder del Ejecutivo o revisar el funcionamiento actual del municipio.

La decisión profundizó la tensión con el Concejo Municipal y dejó expuesta una interna cada vez más feroz dentro de la política barilochense. Concejales opositores ya analizan insistir con la ordenanza y denuncian que el intendente pretende gobernar “a decretazo limpio”, ignorando mecanismos de participación y debilitando las instituciones democráticas locales.

Mientras Bariloche sigue sumergida en problemas estructurales de infraestructura, crisis habitacional, servicios colapsados y reclamos vecinales constantes, el gobierno municipal parece concentrado en librar guerras políticas internas y bloquear cualquier iniciativa que implique discusión colectiva o control ciudadano.

El expediente ahora volverá al Concejo Deliberante, donde se definirá si el veto de Cortés queda firme o si los concejales intentan sostener la ordenanza original. Pero más allá de la resolución institucional, el episodio dejó una señal clara: Walter Cortés endurece su perfil político y alimenta una imagen cada vez más asociada al verticalismo, la confrontación y el rechazo al debate democrático.