Uno de los elementos más comprometedores para la acusada surgió tras un informe de Migraciones incorporado por la fiscal adjunta Celeste Benatti. Según la investigación, Marzano registra viajes a España, Brasil y República Dominicana, pero no existen ingresos a Venezuela, país donde supuestamente debía cursar los últimos años de la carrera y realizar prácticas hospitalarias obligatorias.

Además, desde la Universidad de Los Andes de Venezuela aseguraron que la mujer “nunca fue alumna” de esa institución y que el título presentado ante autoridades sanitarias argentinas no pertenece a la casa de estudios.

La fiscal jefa Teresa Giuffrida sostuvo que también existen irregularidades en la supuesta convalidación nacional del diploma extranjero y en una presunta resolución atribuida a la Universidad Nacional del Comahue. Según explicó, los documentos exhibidos no coinciden con los procedimientos oficiales exigidos para validar títulos obtenidos en el exterior.

La investigación comenzó después de que el Ministerio de Salud de Río Negro detectara inconsistencias en la documentación presentada por Marzano para obtener la matrícula profesional. La mujer ejercía desde 2020 en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina.

El caso tomó mayor dimensión luego de que las universidades involucradas negaran haber emitido los certificados y de que las autoridades sanitarias provinciales suspendieran la matrícula de la acusada en marzo de este año.

Ahora, la Fiscalía busca que intervenga la Justicia Federal al considerar que podrían existir delitos vinculados a falsificación de documentación nacional y uso de instrumentos públicos adulterados.