Desde el espacio señalaron que las decisiones responden más a la lógica de reparto de cargos y a la interna de La Libertad Avanza que a las necesidades reales de la provincia.

Esa dinámica, sostuvieron, termina trasladando costos concretos a la población y a sectores productivos clave.

En el caso de Vialidad Nacional, el planteo fue especialmente duro. Recordaron que el mantenimiento de las rutas es esencial no solo para la seguridad vial, sino también para actividades como el turismo, la producción energética, la minería, la fruticultura, la ganadería y la integración social y económica.

En ese contexto, remarcaron que las pocas obras en marcha avanzan por una orden judicial, producto de un amparo colectivo, y no por una decisión política sostenida.

A ese escenario se suma, según denunciaron, la designación de un funcionario sin antecedentes técnicos ni experiencia en gestión vial.

La preocupación se replicó en el PAMI, un organismo que impacta de manera directa en la salud y la calidad de vida de jubilados y jubiladas. Para el bloque, la falta de idoneidad en su conducción puede traducirse en desorganización, demoras en las prestaciones y problemas en el acceso a medicamentos.

Finalmente, los legisladores advirtieron que Río Negro no convalidará el uso de organismos nacionales como botín político y reclamaron funcionarios con formación, experiencia y conocimiento real de la provincia.