Las últimas boletas de electricidad llegaron con cifras alarmantes. Muchas familias que solían pagar importes moderados ahora se encuentran con facturas que representan el doble o el triple de lo que abonaban hace un año.

No hay señales de un plan provincial que frene esta escalada ni propuestas que alivien la situación de quienes ya no pueden seguir absorbiendo estos costos.

La realidad del gas es igual de preocupante. En una región patagónica donde el frío obliga a un uso intensivo de la calefacción, los aumentos pegan más duro.

Las viviendas que dependen del gas para pasar el invierno reciben montos que exceden toda capacidad de pago, especialmente en localidades del interior donde los ingresos son menores y el empleo informal predomina.

El sector productivo también está al borde del colapso. Dueños de negocios y comercios admiten que el dilema ya no es solo si pueden sostener la nómina de empleados, sino directamente si podrán seguir operando.

Las tarifas pasaron a ser una amenaza real para la supervivencia de actividades que sostienen la economía local.

Mientras tanto, la provincia gobernada por Alberto Weretilneck no impulsa controles sobre las distribuidoras, no confronta con Nación y no presenta alternativas.

El problema tarifario dejó de ser coyuntural para convertirse en una crisis estructural que avanza sin freno.