Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal por los legisladores José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, del bloque opositor Vamos con Todos, Villaverde habría actuado junto a su jefe de campaña Julián Goinhex y al funcionario de ANSES Abelardo Calfín para intentar cobrar más de 140 millones de pesos a través de facturas apócrifas. Las maniobras se habrían concretado en los días previos a las elecciones del 26 de octubre.

Zgaib relató que el 23 de octubre Goinhex y Calfín le presentaron una factura por 69 millones de pesos a nombre del segundo, supuestamente por gastos de cartelería y propaganda. Al día siguiente, insistieron con otra factura por 73 millones y una adicional por 13 millones, exigiendo el pago inmediato.

El tesorero se negó a autorizar el desembolso al no existir documentación que justificara los gastos: no había presupuestos, comprobantes ni evidencia de trabajos realizados.

Según su testimonio, las facturas eran falsas y los supuestos carteles “de lona” eran simples impresiones en papel. “Querían que firmara sin revisar nada. Me negué porque era un fraude”, explicó. Su decisión generó un conflicto interno que derivó en presiones y amenazas, aunque finalmente logró que una de las facturas fuera anulada el 31 de octubre.

El dato más explosivo es que Abelardo Calfín, el supuesto proveedor de la campaña, es a la vez funcionario público en la ANSES de Villa Regina, lo que configura un evidente conflicto de intereses y un posible delito de corrupción. Que un funcionario facture a un partido político mientras ejerce un cargo estatal constituye una irregularidad flagrante.

Desde el entorno de Villaverde intentaron restarle importancia al caso, calificándolo como una “operación política” impulsada por sectores kirchneristas. Sin embargo, los documentos presentados y la denuncia penal desmienten esa versión. Las pruebas existen, las facturas también, y la propia confesión del tesorero libertario deja a la senadora electa contra las cuerdas.

El escándalo no solo expone una interna feroz dentro de la estructura provincial de La Libertad Avanza; también pone en evidencia la fragilidad ética de un espacio que hizo de la anticorrupción su bandera electoral. Lo que debía ser el “modelo de transparencia” se transforma, en tiempo récord, en una reedición del viejo esquema de facturas truchas, proveedores fantasma y desvío de fondos públicos.

Pero el caso Villaverde no puede entenderse sin revisar su pasado. La dirigente ya arrastraba un prontuario que generaba incomodidad incluso dentro de su propio espacio. En 2002 fue detenida en Florida, Estados Unidos, por tráfico de cocaína y portación de 50.000 dólares sin declarar. La causa fue clasificada como “tráfico de cocaína”, y desde entonces se le prohibió ingresar nuevamente a territorio estadounidense. Años más tarde, su nombre volvió a aparecer en causas por lavado de dinero, amenazas a testigos y afiliaciones partidarias falsas, algunas de ellas con nombres de personas fallecidas.

En 2025 fue embargada por 50 millones de pesos por la venta irregular de lotes en Las Grutas. A eso se suma su actual relación sentimental con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo y presunto testaferro del narco-financista Federico “Fred” Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos. Con ese historial, el mote de “narco-diputada” que circula en redes no parece producto del azar.

La crisis golpea de lleno al gobierno de Javier Milei, que atraviesa un contexto de desgaste político y económico mientras intenta sostener su discurso anticasta. Lo ocurrido en Río Negro desnuda la hipocresía de un sector que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción estatal, pero reproduce las mismas prácticas que decía combatir. La diferencia es que ahora los implicados pertenecen al corazón del oficialismo libertario.

El episodio deja una lección clara: la transparencia no se declama, se practica. Y cuando la gestión de fondos públicos se contamina con intereses personales, ningún discurso sobre libertad individual alcanza para justificarlo.

Si la Justicia confirma las denuncias por defraudación, falsificación y malversación de recursos electorales, no se tratará solo de una mancha en la trayectoria de Villaverde, sino de un golpe demoledor a la credibilidad de todo el espacio de Milei.

Mientras tanto, la sociedad observa con estupor. En redes sociales, opositores ironizan sobre la “casta libertaria” y recuerdan que Villaverde se presentaba como ejemplo de “honestidad y eficiencia”.

Hoy, esas palabras suenan huecas frente a una causa que podría impedirle incluso jurar su banca el próximo 10 de diciembre. Diversas organizaciones civiles ya solicitaron que se suspenda su asunción hasta que la Justicia se expida.

El caso también deja al descubierto una estructura partidaria improvisada, sin controles ni auditorías reales. La Libertad Avanza construyó poder a una velocidad vertiginosa, pero sin consolidar mecanismos internos de rendición de cuentas.

Lo que se presentó como “eficiencia libertaria” ahora se revela como simple desorden y ausencia de control. Y cuando no hay control, los abusos florecen.

En el fondo, este episodio refleja la contradicción de un gobierno que se declara enemigo del Estado, pero no duda en aprovecharse de sus recursos. Milei habla de ajuste y responsabilidad fiscal mientras en su propia fuerza se fraguan facturas truchas y desvíos de dinero público.

Ese doble estándar erosiona la legitimidad del discurso libertario y desnuda la impunidad que atraviesa al poder, sin importar su signo político.

La causa judicial recién comienza y aún restan peritajes y declaraciones, pero la gravedad de las acusaciones es inocultable. Si se confirma el intento de estafa y falsificación, será uno de los mayores escándalos que golpeen al oficialismo desde su llegada al poder.

Aunque desde el entorno de Villaverde intenten instalar la idea de una “campaña sucia”, los documentos —y los montos— hablan por sí solos.

En definitiva, el caso de Lorena Villaverde condensa la contradicción del presente político argentino: la nueva derecha que prometía limpiar la política se ve envuelta en la misma mugre que decía venir a erradicar. La corrupción ya no distingue entre kirchneristas o libertarios, entre izquierdas o derechas; aparece donde el control se debilita y la ambición manda.

A menos de un año del ascenso de Milei al poder, la denuncia en Río Negro marca el límite del relato libertario. La política puede cambiar de rostros, pero no de vicios, si no hay transparencia real. Y el ciudadano, que creyó en el cambio, vuelve a encontrarse con la misma estafa de siempre: promesas de honestidad convertidas en facturas falsas.

En ese espejo, La Libertad Avanza debería mirarse antes de seguir hablando de moral, eficiencia y castas. Porque no hay discurso de libertad que sobreviva a 73 millones de pesos en facturas truchas.