Los reclamos se dirigieron en primera instancia al intendente Walter Cortés, al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y al Concejo Deliberante, pero las organizaciones remarcaron que la problemática supera la capacidad municipal y que debería involucrar también al Gobierno provincial, que no aparece con políticas claras ni con inversión sostenida en los barrios más relegados.

El relevamiento muestra carencias estructurales: falta de mensuras, conexiones de luz y agua, obras de gas y regularización dominial.

En barrios como Nueva Jamaica, donde viven 250 familias, no hay gas domiciliario ni tenencia segura de la tierra. En Alun Ruca, con 600 familias, persiste la falta de redes eléctricas y se espera por un proyecto de expropiación que duerme en la Legislatura provincial, sin avances concretos.

Si bien el Gobierno de Alberto Weretilneck ha hecho anuncios de obras puntuales en Bariloche, en los hechos, los barrios populares siguen fuera de la agenda Provincial.

Los vecinos advierten que, mientras el municipio enfrenta con limitados recursos el día a día, la ausencia del Gobierno rionegrino agrava la precariedad, ya que se requiere financiamiento, equipos técnicos y decisión política que exceden la escala local.

La inactivación de programas nacionales de urbanización tras los recortes del Gobierno central deja un vacío que debería ser cubierto por la Provincia. Sin embargo, lejos de asumir un papel activo, Weretilneck ha optado por responsabilizar al municipio y al Estado nacional, evitando destinar partidas específicas para urbanización en Bariloche.

En este escenario, la Mesa Social de Tierras advirtió que sin un compromiso concreto del Gobierno provincial, miles de familias seguirán sin acceso a derechos básicos, y el proceso de integración socio-urbana quedará reducido a declaraciones sin impacto real en los territorios.