Pero más allá de la estrategia electoral, los antecedentes de Villaverde colocan a su candidatura en una zona oscura. En una sesión reciente en el Congreso, el diputado Martín Soria exhibió documentación oficial que revela que Villaverde fue detenida en 2002 en Florida, Estados Unidos, con 400 gramos de cocaína, en el marco de una causa penal por narcotráfico. La denuncia, que fue ignorada por los principales voceros del oficialismo, desnuda el silencio cómplice dentro del bloque libertario.

Los problemas legales de la diputada no terminan ahí, en 2017, su casa fue allanada por una causa de lavado de activos que continúa abierta en la Justicia Federal. A esto se suman cuatro denuncias penales por un emprendimiento inmobiliario irregular, conocido como "Tajamar", en Las Grutas, donde decenas de personas habrían sido estafadas con promesas de lotes que jamás pudieron escriturar. En algunos casos, se trata de terrenos no habilitados para urbanización.

El abogado de las víctimas, Lucas Carro, fue contundente: “Actuó con dolo, sabiendo que no podría cumplir”. Si bien una de las causas fue cerrada por un acuerdo económico que involucró el pago de 10 millones de pesos, las demás siguen su curso. Además, existe una denuncia adicional por una rifa presuntamente fraudulenta ligada al mismo esquema de estafa.

Y como si fuera poco, durante el proceso de oficialización de La Libertad Avanza en Río Negro, la Justicia Electoral detectó afiliaciones falsas con nombres de personas fallecidas. El hecho ya está siendo investigado judicialmente.

Villaverde se presenta como una férrea defensora del orden, la represión y la “tolerancia cero” al narcotráfico. Incluso apoyó proyectos como el de su colega Gabriel Chumpitaz para imponer “narcotests” a los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Actualmente, Villaverde mantiene su banca, vive en un exclusivo country en Tigre y sigue legislando sin haber dado una sola explicación pública sobre las acusaciones en su contra.