A pesar de que las denuncias de organismos de derechos humanos se acumulan desde hace más de una década, la respuesta estatal ha sido siempre la misma: diagnósticos, promesas y anuncios que jamás se concretan.

El nuevo proyecto carcelario, según confirmó el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, está en su etapa más incipiente: sin diseño ejecutivo, sin presupuesto definido, sin fecha de inicio ni ubicación confirmada. El Gobierno asegura que buscará un inversor —posiblemente un organismo internacional— que aporte los “varios miles de millones de pesos” que costaría una cárcel de alta seguridad construida en hormigón. Pero ni siquiera se sabe aún cuánto costaría el metro cuadrado, solo que será más caro que un hospital o una escuela.

Mientras tanto, las condiciones del Penal 3 continúan deteriorándose. Con más de 150 internos alojados en un espacio habilitado para 94, el penal se convirtió en un símbolo de abandono institucional y violencia estructural. “Las condiciones de detención son insostenibles, no hay posibilidad de reinserción social. Salen llenos de bronca y odio”, advirtió Mara Bou, de la APDH Bariloche, que hace años viene denunciando violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de esa unidad penitenciaria.

Incluso el intendente Walter Cortés mostró desconocimiento sobre el proyecto y deslizó que, si avanza, la nueva cárcel debería ubicarse “entre Pilcaniyeu y Comallo”. Esa confusión ilustra bien el estado real de un plan que hoy parece más una maniobra política que una solución efectiva.

La iniciativa vuelve a escena tras la reciente aprobación de la ley de reiterancia, que endurece la prisión preventiva en la provincia. En ese contexto, desde el oficialismo se insistió en la necesidad de “más capacidad carcelaria”. Pero sin resolver el problema estructural del sistema penitenciario, la respuesta estatal se limita a seguir criminalizando la pobreza sin garantizar condiciones mínimas de dignidad.

Lo más grave es que no es la primera vez que Weretilneck juega esta carta. El ex juez Luis Lutz ya había impulsado un proyecto similar en terrenos del Ejército durante gestiones anteriores, también bajo la gobernación de Weretilneck. “Hace años que hablan de una nueva cárcel. Es una constante. Nunca pasa nada”, resumió Bou con resignación.

El resultado: más de una década de promesas incumplidas, internas sin rehabilitación posible y barrios que conviven a escasos metros con una bomba social. Y ahora, otra vez, una cárcel fantasma en los papeles. Lo único concreto, por el momento, es la deuda estructural del Estado provincial con los derechos humanos.