Mientras la infraestructura sanitaria se desmorona por falta de mantenimiento y el personal huye del sistema por bajos salarios y sobrecarga laboral, el gobierno provincial intenta minimizar la situación.

La reciente incorporación de 91 profesionales durante junio contrasta con la cifra que denuncian los gremios: solo en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche faltan al menos 60 enfermeros, sin contar otras áreas críticas del sistema.

La respuesta oficial no ha sido diálogo ni inversión, sino ajuste y desdén. "El que se quiera ir al sector privado que se vaya", lanzó Weretilneck, en declaraciones que generaron fuerte malestar entre trabajadores de la salud.

Además, despidió personal, redujo estructuras del sistema público y replicó en Río Negro la “motosierra” que el presidente Javier Milei impulsa a nivel nacional, en un intento por alinearse con la Casa Rosada en su política de ajuste estructural.

Lejos de resolver la crisis, el gobierno provincial impulsó una ley para modificar el régimen de incompatibilidades laborales del personal médico. La nueva norma permite a los profesionales de la salud acumular cargos, siempre que no excedan las 44 horas semanales ni haya superposición horaria. También habilita, de forma excepcional, la contratación de médicos que no residan en la provincia.

La medida es presentada como una solución “estructural” a la falta de especialistas, especialmente en zonas rurales, pero en los hechos constituye una flexibilización que busca tapar el éxodo médico sin mejorar condiciones reales de trabajo.

Se busca que médicos de otras provincias —como Chubut, Neuquén o Buenos Aires— viajen esporádicamente a Río Negro para cubrir especialidades críticas. Una especie de “médicos golondrina” para un sistema que hace agua por todos lados.

Mientras tanto, la salud pública en Río Negro se sostiene gracias al esfuerzo de trabajadores precarizados y comunidades que exigen respuestas. Y el gobierno, en lugar de reforzar el sistema con inversiones genuinas, opta por medidas cosméticas y discursos de trinchera. En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede resistir la salud pública en una provincia que responde a la emergencia con tijera y slogans?