“Después de un informe, después de tres cartas documento, después de un mandamus que presentamos en el STJ, el cual nos lo rechazaron y volvimos a hacer la presentación, apareció el famoso contrato con la consultora”, declaró Berros en una entrevista.

El contrato revela que la consultora, cuya sede no está en la provincia, recibe una suma millonaria por prestar el servicio de control de licencias médicas. Para Berros, se trata de una decisión política cuestionable: “Parecía que era imposible saber cuánto le salía a los rionegrinos y rionegrinas la contratación de la consultora que tiene a cargo, por decisión del gobierno de Alberto Weretilneck, el control de las licencias del sector público”.

El legislador también denunció que el acuerdo incluye la utilización de estructuras estatales por parte de la empresa, en particular de Horizonte Seguros, una aseguradora provincial. “Afirma lo que veníamos pensando desde el peronismo: que este negocio generado por el gobierno de Río Negro no es ni más ni menos que 3.500 millones de pesos al año. Un pago a una empresa privada que usa la estructura de Horizonte Seguros, cuando ese rol debería cumplirlo el Estado”, señaló.

Uno de los aspectos más sensibles del contrato es la eliminación de registros previos de las juntas médicas. Según Berros, esto representó un vaciamiento deliberado del sistema de control estatal. “Yo quisiera saber si el monto de los 3.500 millones de pesos anuales que todos los rionegrinos pagamos y por primera vez conocemos, compensa la cantidad de licencias que se toman los trabajadores públicos”, cuestionó.

El legislador también apuntó a la lógica de tercerización impulsada por el oficialismo. Según explicó, el argumento oficial se basó en un supuesto abuso del sistema de licencias médicas. No obstante, sostuvo que ese abuso refleja una falla estructural del Estado: “También muestra la deficiencia que tiene el Estado provincial, que conduce Juntos Somos Río Negro, a la hora del control. Si hay abuso, es porque no hay control estatal”.

Finalmente, Berros remarcó que su reclamo no busca defender irregularidades, sino exigir transparencia y eficiencia en el uso de fondos públicos. “Nosotros no defendemos a quienes abusan de las licencias. Lo que sí decimos es que un contrato con una empresa privada que en otras provincias, como en Buenos Aires, no dio resultado, por lo menos nos llama la atención. Nos parece que esto es importante y que cualquier vecino y vecina pueda acceder”, concluyó.