“La marcha tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi y es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas. Son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades”, plantearon en la nota que también está dirigida al ministro del Interior, “Wado” de Pedro, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. También recalcaron que “es responsabilidad política de un gobierno democrático velar por la paz social”.

En la misma nota, denunciaron que más de 100 millones de pesos se destinaron a la compra de equipamiento de vigilancia y seguridad, que incluyen cámaras, equipos de comunicación, drones, luminaria para la ruta, vehículos, “además de tener interferidas todas las comunicaciones que le permitirían dilucidar hechos, mecanismos, móviles y responsabilidades”.

“Hemos denunciado nuestras sospechas de escenarios armados para endilgar la responsabilidad en el pueblo mapuche. También hemos afirmado que el informe RAM es un invento armado y planificado por Patricia Bullrich para avalar la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, utilizando para ello a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval”, resaltaron.

Insistieron en que “la mayor responsabilidad recae en el Estado nacional” que “debe asumir el compromiso del diálogo con voluntad política y la responsabilidad de cumplir con los marcos legales internacionales, nacionales y provinciales para resguardar el derecho indígena de un Pueblo preexistente al Estado”.