Política
Lamentable

Río Negro es una de las provincias más perjudicadas por Milei

El presidente Javier Milei vulnera gravemente a la provincia con sus pedidos de recorte. (Foto: NOVA)

Un estudio realizado por Marcelo Capello, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, destaca a ocho provincias como las más expuestas al ajuste propuesto por el Gobierno. La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes se encuentran en mayor riesgo debido a múltiples factores como la dependencia con el gobierno central, nivel de endeudamiento, gasto corriente y exportaciones.

La situación no es sorpresiva, ya que el recorte de recursos fiscales ha comenzado. En enero, por ejemplo, las transferencias discrecionales a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cayeron en un 99,9 por ciento en comparación con el año anterior. Buenos Aires, siendo la segunda provincia con mayor recepción de estos envíos, se ubica en el noveno lugar de vulnerabilidad según el estudio del Ieral.

Cabe destacar que la ubicación de cada provincia en el ranking puede resultar sorprendente a primera vista. Variables como exportaciones, nivel de gasto corriente y dependencia del personal influyen en su exposición al ajuste. Por ejemplo, Santa Fe cuenta con un alto porcentaje de exportaciones, pero también presenta un elevado nivel de gasto corriente. En contraste, Santiago del Estero se destaca por su condición de exportadora y su alta tasa de ahorro corriente sobre gasto.

La discusión por el impuesto a las ganancias también es relevante en el panorama de las provincias. Su aplicación podría cambiar el ranking de vulnerabilidad, dando mayor exposición a Tierra del Fuego, Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos. Ante este panorama, las provincias deberán decidir si realizan sus propios ajustes, teniendo en cuenta que gran parte de sus gastos se destinan a salarios de personal docente, de salud y de seguridad. No obstante, es difícil separar lo necesario de lo excesivo en estos casos.

Si no se llega a un acuerdo con el Gobierno y no se logra reducir más gastos, los gobernadores deberán enfrentar la opción de subir impuestos o endeudarse. Esto podría afectar las inversiones en infraestructura y tener un impacto negativo en el empleo privado.

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