En primer lugar, es un establecimiento de mediana seguridad, pensado para presos de buena conducta. Aunque en la actualidad conviven delincuentes peligrosos con primarios, algunos con sentencia firme y otros solo en proceso.

El 9 de septiembre de 2012, el preso que luego fue asesinado (su nombre se resguarda en protección de su familia) estaba alojado en el Pabellón B cuando tres internos irrumpieron su celda y lo apuñalaron salvajemente hasta matarlo. La familia le ganó la demanda civil a la provincia. La justicia ordenó la indemnización de 1,3 millones de pesos. La sentencia aún no está firme.

El informe forense determinó que murió minutos más tarde del ataque por la hemorragia que le ocasionó una de las tantas “puntadas” que recibió a manos de Raúl Campos, Diego Poblete y Evaristo Flores.

Fueron los tres condenados que dispuso el fuero penal de Cipolletti por el homicidio. En 2015 la Cámara Primera convalidó el acuerdo al que llegaron en un juicio abreviado para fijar una pena de tres años para los tres condenados. En el proceso también fueron imputados otros dos presos que finalmente fueron sobreseídos porque fueron considerados simples “testigos” de aquella trágica pelea.

En ese momento, el fiscal jefe Gustavo Herrera aceptó reducir la calificación legal de “homicidio simple” a “homicidio en riña”, que tiene penas de entre 2 y 6 años de prisión contra los 8 a 25 años que prevé la ley para la figura original.

Varios años después, la madre del preso asesinado inició un juicio civil contra el Estado de Río Negro y los responsabilizó de la muerte de su hijo. En la demanda sostuvo que era responsabilidad del sistema penitenciario velar por los derechos del condenado.

Además, controlar que los presos no dispongan de armas. Se confirmó en el juicio penal que los homicidas atacaron al hombre con facas y armas tumberas. Fue una de las razones que se esgrimieron por la cual la víctima no pudo defenderse de los ataques. Sin las amas “podría” haber evitado el trágico desenlace, aseguraron.

El abogado de la madre explicó que los procesados habían sido trasladados desde Viedma y que eran reincidentes de graves delitos, “ello demuestra la peligrosidad de los mismos, y que amén de esto, estaban en el sector de los presos condenados por delitos menores y de menor peligrosidad”, como era el caso del preso que murió.

“Ello demuestra la errónea decisión del juzgado a cargo de los presos trasladados y los alojados en el establecimiento y por ende, la responsabilidad del Estado por el deber de seguridad o guarda de los presos”, indicó el profesional que representa a la familia de la víctima.

La condena civil por daño moral y psicológico y daños y perjuicios asciende a 1,3 millones de pesos, según la sentencia de primera instancia que fue apelada. En su defensa el Estado alegó que la situación de motín dejó muchas puertas sin funcionamiento y que a pesar del esfuerzo los arreglos llegaron después del crimen.

Con ese argumento intentó deslindarse de todo tipo de responsabilidad en el hecho. Sin embargo esa postura, al menos hasta ahora, no prosperó en los tribunales civiles.