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La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, firmó esta acción legal dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, solicitando que en un plazo de 48 horas se realice la ejecución de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), la cual prevé una asignación específica de recursos coparticipables equivalente al 60 por ciento del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto.
Lo mismo se exigió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID- Ley 25.053), Conectividad y Material Didáctico, las cuales prevén la remisión de fondos a cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados específicamente a la mejora del salario de los docentes.
Asimismo, la carta documento indica que “el desfinanciamiento intempestivo e imprevisto por parte del Estado Nacional pone en peligro el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, y en la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), así como también el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Educación 4819 y Leyes financiamiento educativo e incentivo docente”. En caso de no tener respuestas se advierte que se iniciarán las acciones legales pertinentes.
La Ley de Financiamiento Educativo tiene su encuadre legal y financiero en el Decreto 88/2023, el cual prórroga la Ley de Presupuesto 22701 del mismo período, asegurando allí la distribución automática de los recursos.
“En el análisis integral del sistema educativo en su conjunto, no sólo la incertidumbre sobre el Incentivo Docente es nuestra preocupación, sino que una parte imprescindible para el funcionamiento de las escuelas está directamente afectado a los fondos de la Ley de Financiamiento Educativo”, finalizó Campos.
