La presentación judicial recayó en la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo de Gustavo Arbues, y en ella refieren que la anterior dirigencia actuó “en forma irregular, y tomando decisiones importantes que requerían la intervención asamblearia, sin los mecanismos establecidos por la normativa estatutaria ni leyes especiales sobre la materia”.

Destacan que la principal irregularidad habría ocurrido en que el lote, ubicado sobre la calle Sierra Grande, forma parte del patrimonio del club y para tomar la decisión de enajenarlo debía convocarse a una asamblea general de socios, como lo establece el estatuto, “lo que no ocurrió”.

Además, destacaron que el sorteo se llevó a cabo sin la autorización de Lotería de Río Negro, el ente regulador provincial en este tipo de iniciativas, por lo que también se habría incurrido en infracciones a las normativas establecidas por ese organismo.

También advirtieron que detectaron ejercicios contables vencidos, en los que la Comisión Directiva acusada no informó sobre estados contables ni patrimoniales, como tampoco hubo reuniones o convocatorias que permitiesen conocer el verdadero estado del Club.

Sostuvieron que ese proceder puso en duda la transparencia administrativa de la institucional, lo que afectó su imagen y el interés por lograr el bien común.

Aún más, afirmaron que las sospechas generaron “un profundo malestar, tanto puertas adentro del club, como así también en la comunidad toda, perjudicando el buen nombre de la Institución como su funcionamiento y patrimonio futuro, ante las eventuales acciones que pudiesen iniciar quienes se vieron perjudicados por tal situación”.

Destacaron que la denuncia estuvo acompañada con abundante material probatorio, como notas periodísticas, reclamos administrativos y testimonios de socios del club y de compradores de la rifa, que en su momento fue muy cuestionada en la comunidad de la localidad de la costa atlántica rionegrina, debido a que el número ganador no fue vendido y el premio quedó vacante.

Tras recibir innumerables críticas, la comisión directiva que encabezaba Villaverde emitió un comunicado en el que confirmaron que el premio había quedado vacante y aclaraban que por estar próxima la finalización del mandato "no corresponde tomar alguna decisión que condicione la voluntad de la siguiente comisión directiva respecto de las acciones a realizar con todo el patrimonio del club".

Agregaron un pedido de disculpas "a la comunidad en general y a los adquirientes de los bonos solidarios en particular, que a través de las redes sociales y diferentes medios de prensa han manifestado su disconformidad con lo sucedido, afectando el buen nombre y honor de la actual presidente", por Villaverde.

En este sentido, deslindaron responsabilidades de la actual Diputada Nacional libertaria, al resaltar que ese cargo "no la transforma en dueña de nada".

"Villaverde, al igual que el resto de los miembros de esta comisión directiva es una parte integrante de esta institución intermedia y todas las decisiones se toman en conjunto", expresaron.

Los otros vecinos que integraron esa dirigencia y figuran en la denuncia son: Pablo Perelli, Federico García Martínez, Carlos Salvi, Marcos Bustos y María Laura Varela.