Judiciales y Policiales
Irregularidades en la empresa estatal

Amplían la denuncia contra funcionarios provinciales por irregularidades en el programa Río Negro Compras

Luego de pruebas confusas, el legislador peronista Pablo Barreno presentó una ampliación a la denuncia realizada en febrero pasado.

El legislador Pablo Barreno del Frente de Todos (FdT), pidió que se llame a declaración testimonial del diputado y ex ministro de Economía, Agustín Domingo, y su sucesor en esa cartera, Luis Vaisberg, y además del funcionario provincial Martín Mena, al ampliar la denuncia realizada en febrero pasado, sobre la tarjeta “Río Negro Compras”.

La demanda promovida ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pesa contra los funcionarios, agentes y más responsables patrimoniales de dicha empresa estatal.

Según explicó Barreno, “la respuesta recibida a nuestro pedido de informes elevado al Ministerio de Economía en septiembre del año pasado fue inentendible e imprecisa, con gráficos que dan cuenta del dinero gastado que no pueden interpretarse, como ya nos tiene acostumbrados el oficialismo ante los sucesivos requerimientos para el control de fondos públicos que ha presentado este bloque”.

Todas las irregularidades, incompatibilidades, las erogaciones denunciadas, como también todos los datos, habían sido aportados de manera confusa o parcial, ambigua, ilegible y con evasivas, que ameritan la adopción de medidas de prueba que permitan dilucidar la realidad de los hechos que rodearon el negocio, realizado mediante la empresa estatal “Rio Negro Compras S.A. SAU”. Del análisis podrían surgir varios tipos penales, como tráfico de influencias, doble percepción de haberes, violaciones a la ley de ética pública y malversación de fondos, entre otros.

“La práctica política de estos funcionarios se basa en la irrazonable demora en contestar los pedidos de informes y en ocultar información; el organismo demoró 220 días hábiles en responder”, afirmó el legislador del FdT.

Sobre los presupuestos y erogaciones de la empresa, Barreno indicó que transcurrido tan solo un año del mismo, en 2020 se incrementó a 58.917.098 pesos, esto es un 685,56 por ciento más, sin haber acreditado el cumplimiento de ninguno de los objetivos por la que fue constituida.

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