“La situación que no es ajena al complejo panorama económico que atraviesa el país, jaqueado por la inestabilidad mundial a partir de la pandemia y la actual guerra, la especulación financiera y los formadores de precios que intentan desestabilizar a un gobierno que no logra, por acción u omisión, superar las presiones del mercado para acompañar los justos reclamos del pueblo”, dijeron.

Además, sostuvieron que “está claro que parte del destino de la provincia está indisolublemente atado a los avatares de lo nacional. Por lo tanto, la gobernadora y sus funcionarios deben asumir la responsabilidad que les corresponde, establecer como prioridad la protección de los derechos de los trabajadores, que son quienes sostienen al Estado y merecen un salario que les permita vivir con dignidad”.

Y agregaron: “Si no lo hacen, serán los únicos responsables del conflicto que, seguramente, definirán las bases en los distintos cuerpos orgánicos de los sindicatos”. Además, anunciaron que “si el gobierno necesita refinanciar una deuda que tomó de manera inconsulta, no puede hacerlo a costa del sacrificio de sus trabajadores”.

“Tanto en la provincia como en la nación, hay sectores que multiplicaron ganancias, aún con el mundo en crisis, o mejor dicho, justamente por eso. Es tiempo que sean ellos quienes aporten y los gobernantes quienes hagan una justa redistribución de la riqueza” sentenciaron.