Política
Por defender al terrorismo

El Gobierno de Río Negro apoya el pedido de informes hacia Magdalena Odarda en el Congreso Nacional

El bloque de la UCR de la Cámara de diputados de Nación pidió que la Presidenta del INAI de explicaciones por la defensa de actos criminales de comunidades pseudo mapuches en territorio rionegrino.

En Gobierno de Río Negro, apoya el pedido de la la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 diputados entre los que se encuntra la rionegrina Lorena Matzen, donde solicitaron la presencia de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, en un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano y Seguridad para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.

Carrizo presentó el proyecto de resolución para citar a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el fin de que brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país.

Es así que mediante la denuncia por terrorismo que presentó el Gobierno de Río Negro luego de los incendios intensionales en El Bolsón, también apoyará la medida de pedidos de informes de la ex senadora nacional por la Provincia.

Al respecto, Carrizo sostuvo que “la presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿cuál es el plan del gobierno?, ¿prorrogarla sin informar?”.

En 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto señalan que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios y “el gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar o como ha declarado la gobernadora de Río Negro hace un tiempo, fagocitar”, señalaron.

Ante esto, la diputada nacional Carla Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”; por “menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.

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