Judiciales y Policiales
Fernández Oro

Embestida de la industria fósil busca revocar leyes anti-fracking

Conferencia del concejal Claudio Correa junto a la senadora Magdalena Odarda, el abogado Darío Rodríguez Duch, Fabiana Vega y organizaciones ambientales en contra de las centrales nucleares y el fracking en Río Negro.

El 5 de julio, tras la demanda de las empresas petroleras YPF y su subsidiaria YSur, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el municipio de Fernández Oro en 2017, que declaraba a la ciudad libre de fracking, informa la entidad 350.org en un comunicado.

La Justicia determinó que la ordenanza es incompatible con la ley provincial, y que el municipio no puede regular la explotación de recursos naturales. La norma pretendía prohibir la técnica de fractura hidráulica para extracción no convencional de hidrocarburos en el ejido. A partir de la aprobación, los concejales buscaban garantizar a su población el derecho a un ambiente sano y la protección del agua y las tierras productivas.

“El Tribunal Superior de Justicia resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por YSur Energía y declarar inconstitucional la ordenanza 571-CDM-17 por resultar violatoria de los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y artículos 78,79,80, 84, 85, 225 y 229 de la Constitución Provincial”, indican en el fallo. La Justicia también condenó al municipio a pagar casi 100 mil pesos por los honorarios de los abogados de la petrolera.

El tribunal fundamentó que dicha norma estableció la prohibición de la actividad extractiva no convencional mediante el método de fractura hidráulica en áreas urbanas, suburbanas, rurales y tierras productivas bajo riego, cuyas atribuciones en materia de regulación y administración de la explotación de recursos naturales son exclusivas de la Provincia.

Para más de 60 entidades de la sociedad civil de Argentina y América Latina, incluyendo al movimiento climático 350.org y COESUS (Coalición Latinoamericana contra el Fracking), que firman una carta-denuncia, la decisión judicial es arbitraria y va en contra de la demanda de la población. “El fallo del máximo tribunal de la provincia no soolo reitera lo actuado en 2013, cuando se pronunció de manera similar ante la ordenanza contra el fracking sancionada por el municipio de Allen, sino que además, con la imposición del pago de costas de cien mil pesos al municipio de Fernández Oro, le traslada una carga que resulta una medida disciplinadora.”

La carta denuncia que, una vez más, desde la cúpula del Poder Judicial rionegrino, “se consagra un modelo político y productivo que es rechazado por el pueblo de la provincia.” Según las entidades, las ordenanzas sancionadas en Fernández Oro, Allen y las que desde 2012 fueron aprobadas en los municipios de Cinco Saltos, Conesa, Coronel Belisle, Chimpay, Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Viedma y Villa Regina; además de las impulsadas en la ciudades de Gral Roca y Cipolletti, “son la expresión del pueblo rionegrino que demanda no sólo la protección del ambiente, amenazado por al ampliación de la frontera extractiva y la aplicación del fracking, sino también la profundización de la democracia, y que se garantice a la ciudadanía poder decidir sobre el modelo productivo a implementarse.”

El concejal de Fernández Oro, Claudio Correa, dijo que el Honorable Concejo Deliberante del municipio ha recurrido a la Corte Suprema en defensa de su competencia y derechos. “En el uso del derecho ciudadano, es deber expresar nuestro reclamo por competencias vulneradas ante la sentencia firmada por el Superior Tribunal. La reforma constitucional de 1994 ha incorporado en nuestra Carta Magna la cláusula ambiental, elevando de esta manera a la jerarquía de fundamental y supra legal el derecho que manifiesto, otorgando competencias y facultades concurrentes en materia ambiental entre Nación, Provincia y Municipio. Los integrantes de los concejos deliberantes son elegidos por el voto popular, y los fundamentos del posicionamiento expuesto quedan explicitados en los argumentos jurídicos constitucionales.”

Y recordó que el Concejo ha legislado no solo en la competencia provincial en política de recursos naturales, sino sobre los efectos en la salud, la atmósfera, el agua, de igual manera que lo han hecho más de 60 distritos en Argentina. “El fracking es un método comprobadamente perjudicial, con severas consecuencias en la salud y en la contaminación de las reservas de agua potable. Por lo tanto, el fallo omite referirse a la cuestión ambiental, explícitamente incorporada en la Constitución Nacional.”

Correa subrayó otra cosa grave que va ocurrir en la localidad dentro de muy poco tiempo: el paso del tren con destino a Vaca Muerta, con cargas de arena silícea. “Lamentablemente, la consecuencia que vamos a tener es que la frecuencia va a ser mucha, y hoy las vías no están en condiciones de soportar tanta carga. Ya lo están anunciando el ministro de transporte, ya que le importa más el tren de carga que lo de pasajeros. Ellos hacen oídos sordos a los reclamos que estamos insistiendo. El gobierno de Macri no da el brazo a torcer”.  

Una problemática regional

La reversión de las leyes con objetivo de liberar el fracking no solo ocurre en Río Negro. En diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén también declaró inconstitucional la ordenanza sancionada por el municipio de Vista Alegre, mientras que en Mendoza la Justicia desestimó los recursos de amparo que buscaban frenar un proyecto piloto de aplicación de la fracturación hidráulica en Malargüe. “Estos fallos ponen de manifiesto la profunda fractura que existe entre la interpretación de las leyes y los derechos que demanda la población”, defienden las organizaciones de Latinoamérica.

Juan Pablo Olsson, coordinador de campañas de 350.org América Latina, señaló que esta situación representa un preocupante indicador del avance de la industria fósil en los países de América Latina.

“Estas resoluciones del Poder Judicial de la región representan el avance de las corporaciones petroleras sobre nuestros países, avasallando los derechos a un ambiente sano de toda la ciudadanía y de las futuras generaciones. En el mismo sentido, debemos repudiar la instalación de Bases Militares norteamericanas tanto en Neuquén en la zona de Vaca Muerta, como en la Provincia de Misiones, en la Triple Frontera y en Tierra del Fuego. Ante estas amenazas, es preciso reforzar las redes de los movimientos sociales y ambientales en defensa de la vida y del cuidado de nuestra Casa Común”, expresó.

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